El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado una convocatoria oficial para recibir comentarios públicos respecto a la Ley GENIUS, aprobada en julio bajo la administración de Donald Trump. Este marco normativo, uno de los primeros dirigidos específicamente a las stablecoins, busca establecer un terreno regulatorio sólido para los activos digitales de pago. La consulta, abierta hasta el 17 de octubre, no solo apunta a mejorar la supervisión, sino también a incentivar la innovación tecnológica que permita detectar actividades ilícitas vinculadas al ecosistema cripto.
Un aspecto central de esta medida es el llamado a propuestas sobre métodos disruptivos para frenar el lavado de dinero y otras actividades ilegales relacionadas con criptomonedas. Entre los ejemplos que el Tesoro desea evaluar se incluyen el uso de inteligencia artificial para rastrear transacciones sospechosas, la implementación de sistemas avanzados de verificación de identidad digital y la integración de API que faciliten la transparencia en las plataformas de intercambio. Estos enfoques, aunque prometedores, también presentan desafíos en cuanto a privacidad, interoperabilidad y costos de implementación.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la medida como «fundamental» para consolidar el liderazgo estadounidense en el terreno de los activos digitales. La recopilación de propuestas permitirá al Tesoro elaborar un informe detallado para el Comité Bancario del Senado y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. De acuerdo con el cronograma, la regulación completa entrará en vigor en un plazo de 18 meses, lo que dará tiempo suficiente para que las instituciones financieras y tecnológicas se adapten a las nuevas disposiciones sin frenar el desarrollo del mercado.
Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de matices políticos y estratégicos. La entrada en vigor programada después de 2026 reduce la posibilidad de que la Ley GENIUS se convierta en un arma de debate electoral en las elecciones de mitad de período. Esto representa un beneficio, ya que le permite avanzar como una legislación técnica más que como un símbolo partidista. No obstante, críticos señalan que la demora podría ralentizar el impacto inmediato en la protección contra delitos financieros, dejando ciertos vacíos regulatorios durante la transición.
La Ley GENIUS no llega sola: forma parte de un paquete más amplio que incluye la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY) y la Ley de Vigilancia Estatal Anti-CBDC. Este tridente legislativo marca un cambio histórico en la política estadounidense hacia las criptomonedas, al proponer tanto reglas claras para las stablecoins como salvaguardas frente a un posible dólar digital emitido por la Reserva Federal. Con apoyo bipartidista y un enfoque pragmático, Estados Unidos envía una señal inequívoca: el país pretende liderar la regulación y, al mismo tiempo, potenciar la innovación en el sector financiero digital.
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