El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, elevó el tono del debate regulatorio en Estados Unidos al advertir que cualquier intento de reabrir la Ley GENIUS cruzaría una “línea roja”. Desde su perspectiva, la legislación alcanzó un equilibrio delicado tras meses de negociación y modificarla ahora respondería más a intereses sectoriales que a evidencia técnica. Armstrong sostiene que el cabildeo bancario busca frenar la competencia de las monedas estables y de las plataformas fintech, especialmente en lo relacionado con recompensas indirectas que hoy benefician a los usuarios finales.
La Ley GENIUS prohíbe a los emisores de stablecoins pagar intereses directos, pero permite que plataformas y terceros estructuren programas de recompensas. Para Armstrong, este diseño evita riesgos sistémicos sin sofocar la innovación. Como ejemplo, señala que exchanges o billeteras pueden compartir rendimientos generados por reservas en instrumentos seguros, algo comparable a programas de lealtad financieros. El contraargumento bancario apunta a la protección de depósitos tradicionales, aunque, según Coinbase, no existen pruebas concluyentes de que las stablecoins provoquen salidas masivas de capital en bancos comunitarios.
Los comentarios de Armstrong respondieron a un análisis de Max Avery, ejecutivo de Digital Ascension Group, quien detalló que las enmiendas propuestas irían más allá del texto original. Avery advierte que limitarían de forma amplia cualquier mecanismo de “recompensa”, incluso los indirectos, cerrando vías legales que hoy permiten a los usuarios acceder a parte del rendimiento generado. Esto, en la práctica, consolidaría el modelo bancario actual, donde las entidades obtienen alrededor de 4 % por sus reservas en la Reserva Federal, mientras los ahorradores reciben retornos mínimos.
Desde una óptica crítica, los bancos argumentan que estas restricciones responden a preocupaciones de estabilidad y seguridad financiera. Sin embargo, Avery cita investigaciones independientes que no muestran evidencias de salidas desproporcionadas de depósitos en bancos comunitarios. El beneficio potencial de las stablecoins radica en mayor eficiencia y transparencia para el consumidor; el riesgo, en cambio, es que una regulación excesivamente restrictiva limite la competencia y mantenga asimetrías históricas en la distribución de rendimientos.
En paralelo, el Congreso evalúa propuestas para aliviar la carga fiscal asociada al uso cotidiano de criptomonedas. Un borrador reciente plantea eximir transacciones con stablecoins reguladas de hasta 200 dólares del impuesto sobre ganancias de capital y permitir el diferimiento fiscal en staking y minería. Estas iniciativas reflejan un enfoque más pragmático hacia la adopción, contrastando con el debate sobre la Ley GENIUS. El desenlace dependerá de si los legisladores priorizan la innovación competitiva o preservan el statu quo financiero.
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