El Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) de la OCDE marcará un antes y un después en la fiscalización de las criptomonedas a partir del 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, 48 jurisdicciones —incluidas la Unión Europea y el Reino Unido— comenzarán a recopilar datos estandarizados de plataformas y exchanges. El objetivo central es reducir la opacidad fiscal, obligando a reportar saldos y transacciones de usuarios. El principal beneficio es una mayor coherencia regulatoria internacional; el contrapeso, una pérdida significativa de discrecionalidad para quienes operaban en mercados offshore.
El CARF exige a los proveedores recopilar y verificar información detallada sobre la residencia fiscal de sus clientes, integrando estos requisitos a los sistemas existentes de cumplimiento. Esto implica rediseñar procesos de “Conozca a su cliente” y prevención de lavado de dinero, además de actualizar infraestructuras tecnológicas para reportes automáticos. Como ventaja, se estandarizan criterios y se reduce el riesgo legal a largo plazo. Sin embargo, los costos operativos aumentarán, especialmente para exchanges medianos que deberán invertir en personal, capacitación y nuevos marcos de gobernanza.
Desde una perspectiva estratégica, el impacto para los exchanges es estructural y no meramente administrativo. Plataformas que operan en múltiples jurisdicciones deberán coordinar equipos legales, técnicos y de soporte para cumplir simultáneamente con países CARF y no CARF. Un ejemplo es el Reino Unido, donde exchanges con licencia ya anticipan solicitudes adicionales de información fiscal a los usuarios. El beneficio potencial es una mayor confianza institucional; el riesgo, una fricción en la experiencia del cliente si la implementación resulta poco clara o excesivamente intrusiva.
Para los usuarios minoristas, el CARF no introduce nuevos impuestos, pero sí eleva de forma sustancial el riesgo de auditoría. Las autoridades fiscales recibirán datos legibles por máquina directamente de los exchanges, facilitando la detección de discrepancias. Errores comunes incluyen operaciones en plataformas extranjeras no declaradas, ventas pequeñas pero recurrentes y actividades en DeFi o NFT mal clasificadas. El lado positivo es una mayor certeza jurídica; el negativo, menor margen para omisiones involuntarias que antes pasaban desapercibidas.
En términos prácticos, el CARF incentivará una regularización anticipada. Los datos recopilados desde 2026 podrán utilizarse para revisar posiciones fiscales históricas, lo que aumenta la presión sobre contribuyentes con información pendiente. La ventaja de actuar ahora es acceder a mecanismos de divulgación voluntaria con menores sanciones. El riesgo de postergar decisiones es enfrentar ajustes, multas y daño reputacional. En conjunto, el CARF consolida la integración de las criptomonedas al sistema financiero tradicional, priorizando transparencia sobre anonimato.
Descargo de responsabilidad: La información presentada no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial u otro tipo y es únicamente la opinión del escritor, Las imágenes son solo con fines ilustrativos y no deben usarse para la toma de decisiones importantes. Al usar este sitio, acepta que no somos responsables de pérdidas, daños o lesiones derivadas del uso o interpretación de la información o imágenes.
