El regulador de lavado de dinero de Estonia ha identificado problemas significativos en las empresas criptográficas locales, incluidos ejecutivos poco fiables y planes de negocios ilógicos. Casi 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) han cerrado o han sido revocados en Estonia debido a las leyes mejoradas de prevención del financiamiento del terrorismo y contra el lavado de dinero (AML) que entraron en vigencia en marzo. Estas leyes enmendadas han ampliado la definición de VASP, aumentado las tarifas de licencia y los requisitos de presentación de informes, y han introducido la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Estonia ha señalado que desde que se implementaron las enmiendas a las leyes AML, aproximadamente 200 proveedores de servicios criptográficos locales han cerrado voluntariamente, mientras que otros 189 han tenido sus autorizaciones revocadas por incumplimiento de requisitos. A partir del 1 de mayo, solo 100 empresas criptográficas activas estaban registradas en Estonia.
La UIF ha identificado problemas recurrentes en las empresas a las que se les ha revocado la autorización, como información empresarial engañosa. Algunas empresas tenían miembros de la junta directiva y contactos registrados sin el conocimiento de las personas involucradas, y otras tenían personas con antecedentes profesionales falsificados en sus currículums. Además, se descubrió que muchas empresas habían copiado y pegado planes de negocios idénticos entre sí, sin relación lógica o vínculo con Estonia.
Estonia ha promovido leyes AML sólidas en todos los sectores en los últimos años, principalmente debido al descubrimiento en 2018 de que se habían lavado alrededor de $235 mil millones en capital ilícito a través de la sucursal estonia del Danske Bank. Además, la guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha influido en la adopción de una regulación AML más estricta para proteger los sistemas financieros internacionales y cortar los ingresos que respaldan la maquinaria de guerra rusa.
Estonia, como miembro de la Unión Europea, pronto tendrá que implementar las próximas leyes de Mercados de Criptoactivos (MiCA), previstas para 2025. Bajo MiCA, las empresas criptográficas estarán sujetas a estrictos requisitos de prevención de AML y financiamiento del terrorismo, lo que demuestra el compromiso del país con la regulación efectiva en el ámbito de las criptomonedas.
