El panorama de las criptomonedas se encuentra en el ojo del huracán con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), bajo la batuta de su presidente, Gary Gensler. Su mandato ha sido marcado por una ardua defensa de la legalidad en todas sus decisiones y acciones relacionadas con el ecosistema digital. Sin embargo, este firme compromiso con el cumplimiento normativo ha atraído críticas de diferentes organizaciones del sector, quienes denuncian un trato injusto y falta de transparencia.
Gensler y la SEC han sido acusados de actuar de manera arbitraria en su trato hacia los criptoactivos. Las críticas provienen de importantes figuras del sector, como Jake Chervinsky, director de políticas de la Asociación Blockchain, quien señaló la parcialidad con la que se manejan las evaluaciones de los principales criptoactivos. En particular, Chervinsky cuestionó la calificación de algunos de estos como valores no registrados, un tema que ha generado controversias con gigantes del criptomercado como Coinbase y Binance.
Gensler, sin embargo, ha sido enfático al afirmar que todas las acciones de la SEC buscan proteger al público inversionista. Subrayó su juramento y compromiso con la ley aprobada por el Congreso, insistiendo en que es consciente de sus responsabilidades éticas. Sin embargo, este argumento no parece haber convencido a la comunidad cripto, que exige normativas más claras y acordes al cambiante panorama de las monedas digitales.
Una de las polémicas más destacadas es la postura restrictiva que la SEC ha adoptado en los últimos meses. Casos como la demanda emprendida contra Ripple Labs por la comercialización del token XRP y la inminente disputa judicial contra Coinbase son muestra de ello. Estas acciones se han interpretado como una barrera a la innovación y al crecimiento de un sector que busca establecer canales de comunicación claros con el regulador.
Finalmente, la falta de claridad en los procesos de registro ante la SEC es otro de los puntos de contención. El caso emblemático es el de Robinhood, cuyo intento de registro fue suspendido abruptamente tras 16 meses de trámites, debido al incumplimiento de ciertos requisitos imposibles de abordar. Esto pone en relieve la necesidad de una regulación más transparente y adaptada a la naturaleza única y dinámica del mundo de las criptomonedas.
