El National Australia Bank (NAB), uno de los principales bancos de Australia, ha anunciado que bloqueará los pagos a las plataformas de intercambio de criptomonedas que considere de «alto riesgo». Esta medida, según el comunicado del banco del 17 de julio, busca proteger a sus clientes de posibles estafas y forma parte de su «estrategia de estafa en todo el banco». Sin embargo, NAB no ha especificado qué plataformas criptográficas se verán afectadas por este movimiento.
Esta nueva política surge en un contexto de creciente preocupación por las estafas criptográficas, que representan una de las amenazas de seguridad de más rápido crecimiento. En 2022, los australianos perdieron más de $221 millones debido a estafas de este tipo. En una iniciativa para contener este fenómeno, NAB también ha retenido pagos por un total de $183.8 millones entre marzo y julio de 2023, aunque no detalló cuántos de estos casos estaban directamente relacionados con criptomonedas.
No obstante, esta medida puede ser vista con escepticismo por algunos en la comunidad criptográfica, quienes podrían considerarla una infracción a su libertad financiera. Por otro lado, puede ser vista como una medida de precaución necesaria para proteger a los consumidores menos informados y más vulnerables a las estafas.
NAB no es el único banco australiano que ha adoptado un enfoque cauteloso hacia las criptomonedas. Otros bancos importantes como Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia y Australia & New Zealand Banking Group Ltd también han comenzado a restringir el acceso a los intercambios de criptomonedas en un intento por proteger a sus clientes.
El informe de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) arrojó que los australianos perdieron $148.3 millones en estafas de inversión en criptomonedas durante 2022. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de abordar el problema de las estafas criptográficas y la importancia de las medidas de protección al consumidor en el ecosistema criptográfico. Sin embargo, también resalta la necesidad de educación y regulación adecuada para permitir a los consumidores navegar con seguridad en este nuevo paradigma financiero.
