En una jugada audaz y progresista, el gobierno peruano ha implementado nuevas regulaciones sobre las criptomonedas, dando un paso adelante en la gestión de activos virtuales. Esta legislación, introducida el 27 de julio de 2023, incluye a los proveedores de activos digitales en la lista de entidades obligadas a cumplir con medidas de prevención contra el lavado de dinero. Tal acción tiene como objetivo primordial enfrentar las preocupaciones sobre el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo.
La normativa reúne a varios actores del ecosistema cripto bajo la denominación de “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”. En este grupo se incorporan tanto individuos como empresas, nacionales o constituidas en el país, que se dedican a diversas actividades con criptomonedas. Esto incluye intercambio de activos virtuales por monedas fiat, intercambio entre diferentes activos virtuales, transferencias, custodia y servicios financieros relacionados con la oferta de estos activos.
El marco regulatorio tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyendo la “regla de viaje” para los exchanges de criptomonedas como Bitcoin. El GAFI es una entidad intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial, por lo que su aval es esencial en estas iniciativas.
Este paso regulatorio significa que las plataformas de criptomonedas tendrán que implementar diversas medidas, incluyendo el proceso de Conocimiento del Cliente (KYC), lo que implicará recopilar y compartir información sobre sus usuarios. Se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú emita directrices más específicas en relación con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el futuro próximo.
Este decreto emerge en un contexto en el que las autoridades peruanas han expresado su intención de regular el entorno de las criptomonedas. Esta medida, aprobada por la Comisión de Economía del Congreso, representa un esfuerzo significativo por mantener al país en consonancia con las tendencias globales de regulación de las criptomonedas, garantizando a la vez que estas se utilicen de una manera segura y transparente.
