Alameda Research, afiliada a FTX, ha solicitado más tiempo para reunir co-demandantes en su demanda contra Grayscale, con el objetivo de desbloquear miles de millones de dólares en inversiones de dos de sus fideicomisos. La firma ha solicitado hasta el 15 de septiembre para responder a la moción de Grayscale de desestimar la demanda, un aplazamiento que Grayscale no ha impugnado. La complejidad de la situación y la renuncia inesperada de un co-demandante anticipado contribuyeron a este retraso.
La importancia de reunir demandantes adicionales radica en alcanzar «suficientes acciones» en circulación en dos de los fideicomisos de Grayscale. Los demandantes necesitan el 10% de las acciones en circulación para presentar una demanda derivada, de acuerdo con los términos del Fideicomiso de Bitcoin de Grayscale. La búsqueda de más demandantes refleja la seriedad y la magnitud de la demanda.
La demanda, iniciada en marzo, incluye a Grayscale, su empresa matriz Digital Currency Group (DCG), el CEO de Grayscale, Michael Sonnenshein, y el propietario de DCG, Barry Silbert. La alegación es una «prohibición de redención indebida» sobre los fideicomisos de Bitcoin y Ethereum de Grayscale, obstaculizando alrededor de $250 millones en valor. La especificidad de las acusaciones y los altos perfiles involucrados la convierten en una batalla legal destacada.
La meta de Alameda es «desbloquear $9 mil millones o más en valor para los accionistas», a través de un plan de redención para ambos fideicomisos y la disminución de tarifas asociadas. La cantidad en juego es colosal, y el resultado podría tener implicancias significativas en la regulación y la gestión de fideicomisos en el espacio de criptomonedas.
Vale la pena mencionar el colapso de FTX en noviembre pasado, que dejó a numerosos inversores en bancarrota, y las acusaciones contra Alameda de apuestas arriesgadas con fondos mezclados indebidos. El fundador, Sam Bankman-Fried, enfrenta cargos penales. Esta situación arroja una sombra sobre la demanda y podría influir en la percepción pública de las intenciones de Alameda. La resolución de este caso no solo afectará a las partes involucradas sino que podría establecer precedentes en la gestión y regulación de fideicomisos criptográficos.
