La Ley n.º 14.478/2022, aprobada en diciembre de 2022, entrará en vigor el 20 de junio de 2023, regulando parte del sector de las criptomonedas en Brasil. Sin embargo, la falta de definición sobre quién será el responsable de regular y supervisar este mercado ha generado incertidumbre. Según Ana Paula Bez Batti, abogada de Hacienda, algunos artículos de la ley entrarán en vigencia antes de fin de mes, independientemente de las disposiciones gubernamentales. Esto implica que los delitos de peculado y blanqueo de capitales con criptoactivos serán juzgados en base a la nueva ley, al igual que se establecerán reglas para los exchanges, que deberán cumplir con prácticas de buen gobierno, transparencia y seguridad de la información, protección de datos personales y derechos de los consumidores. La industria cripto en Brasil expresa su preocupación ante esta situación.
Recientemente, asociaciones como ABCripto Asociaciones, ABRANET, ABFintechs, MID y ZETTA enviaron una carta conjunta a las autoridades correspondientes, instando a una pronta publicación del decreto que definirá quién regulará y fiscalizará el sector. A pesar de que el texto llegó a la Casa Civil en marzo y se llevaron a cabo reuniones con el Banco Central y la CVM, no se ha avanzado en la definición de las responsabilidades. Las empresas del sector esperan con ansias que se indiquen las autoridades encargadas de regular el mercado, ya que esto brindará seguridad jurídica y fomentará el crecimiento del sector, generando empleos e ingresos, así como promoviendo la innovación y el uso de tecnologías como blockchain.
Brasil se sitúa como el séptimo país a nivel mundial en la utilización de criptomonedas, según Chainalysis. Datos de una encuesta realizada por ABCripto muestran que, en 2021, los exchanges establecidos en Brasil recaudaron 314 millones de reales (aproximadamente 63 millones de dólares) para las arcas públicas. Esto evidencia la importancia de regular este mercado y garantizar la transparencia y confianza necesarias para su desarrollo.
La regulación del mercado cripto en Brasil representa un gran potencial para expandir la inclusión financiera, según Karen Duque, jefa de Políticas Públicas de Bitso. Después de siete años de discusiones, la aprobación de la ley el año pasado fue un gran logro, y se espera que el decreto correspondiente se publique a la brevedad posible. Trabajar en conjunto con los reguladores permitirá establecer un mercado cripto confiable y transparente, fomentando así la confianza de los usuarios.
Aunque la entrada en vigor de la ley es un paso importante para la regulación del mercado cripto en Brasil, la falta de definiciones claras respecto a quién será responsable de supervisarlo genera incertidumbre en la industria. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con prontitud y establezcan un marco regulatorio claro y efectivo. Esto proporcionará la seguridad jurídica necesaria para que las empresas ofrezcan sus productos y servicios en Brasil, promoviendo la generación de empleo, ingresos y el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones basadas en blockchain.
Sin embargo, es importante señalar que esta falta de definiciones también puede tener repercusiones negativas. La ausencia de un organismo regulador claro podría generar un vacío legal y abrir la puerta a posibles abusos y fraudes en el mercado cripto. Además, la incertidumbre regulatoria puede desalentar la inversión y obstaculizar el crecimiento de la industria en Brasil. Los actores involucrados en el sector, como empresas y usuarios, necesitan contar con reglas claras y un entorno seguro para operar.
Por otro lado, la posición de Brasil como uno de los principales usuarios de criptomonedas a nivel mundial resalta la importancia de una regulación adecuada. El país tiene la oportunidad de convertirse en un referente en términos de confianza y transparencia en el mercado cripto, lo que atraería inversiones y fortalecería la economía. La inclusión financiera también puede ser impulsada a través de la regulación, brindando acceso a servicios financieros a aquellos que actualmente se encuentran excluidos del sistema tradicional.
