A pesar de las recientes victorias legales obtenidas por Coinbase a nivel federal, el exchange de criptomonedas sigue siendo blanco de disputas regulatorias estatales, particularmente en Oregón. El fiscal general Dan Rayfield estaría preparando una nueva demanda alegando que la compañía vendió valores no registrados a residentes del estado. Esta acción replica los fundamentos de la querella iniciada por la SEC en 2023, la cual fue retirada en febrero de este año. Este movimiento evidencia cómo algunos estados no están dispuestos a abandonar la cruzada regulatoria, incluso cuando los entes federales han cedido terreno.
Paul Grewal, director legal de Coinbase, criticó abiertamente esta nueva embestida legal, señalando que se trata de una copia directa del caso anterior de la SEC. Según Grewal, esto representa un retroceso que atenta contra el progreso del sector tecnológico y financiero. Asegura que la oficina del fiscal general de Oregón está simplemente “retomando donde lo dejó la SEC”, lo que para él es una distracción de los temas económicos verdaderamente urgentes. Esta postura no solo refleja frustración, sino una llamada de atención al desorden normativo que está entorpeciendo el desarrollo de un mercado financiero moderno y eficiente.
Mientras algunos estados siguen soportando su postura, otros han optado por retroceder. Vermont, Carolina del Sur y Kentucky desestimaron sus litigios contra Coinbase tras la renuncia de Gary Gensler como presidente de la SEC. Estos estados reconocieron el cambio de rumbo de la agencia federal, especialmente luego del anuncio de un grupo de trabajo dedicado a abordar las criptomonedas desde una nueva perspectiva regulatoria. Estos retiros son evidencia de que, con un liderazgo renovado, las agencias están revaluando su enfoque y priorizando la claridad sobre la confrontación.
Sin embargo, la nueva ofensiva de Oregón podría generar una peligrosa fragmentación en la política de activos digitales en Estados Unidos. Un enfoque donde cada estado aplica criterios diferentes entorpece la creación de un marco legal nacional coherente. Para las empresas como Coinbase, esto significa operar en un entorno regulatorio altamente impredecible, lo que puede frenar la innovación, alejar inversiones y reducir la competitividad del país frente a potencias como la Unión Europea o Asia, que ya trabajan con normativas más centralizadas.
En este contexto, la petición de Grewal de establecer políticas claras a nivel federal cobra fuerza. La industria necesita reglas uniformes, accesibles y modernas que faciliten el cumplimiento normativo sin sofocar el progreso. La solución no está en repetir viejas batallas legales, sino en diseñar un marco común que equilibre la protección del consumidor con el impulso a la innovación financiera. De lo contrario, Estados Unidos corre el riesgo de perder liderazgo en uno de los sectores más disruptivos y prometedores del siglo XXI.
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