La creciente popularidad de las criptomonedas en el mundo ha traído consigo desafíos inesperados, entre los que destaca el incremento del cibercrimen. Según las autoridades colombianas, el país ocupa el lamentable segundo lugar a nivel global en términos de estafas relacionadas con el uso de criptomonedas, también conocidas como «scams».
El director de la Policía Nacional de Colombia, general William René Salamanca, señaló recientemente que las estructuras delincuenciales han comenzado a utilizar criptomonedas para blanquear dinero de actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas y la explotación sexual. Esto se debe a la naturaleza de la tecnología blockchain, que permite transacciones anónimas y difíciles de rastrear, proporcionando una forma sofisticada de transferir dinero ilícito.
Según cifras compartidas en el Primer Simposio a Nivel Nacional sobre Criptomonedas en Colombia, entre marzo de 2022 y 2023 se realizaron transacciones por miles de millones de dólares en criptoactivos. Edwin Giraldo Valencia, jefe de Sección de Análisis contra las Finanzas Criminales y la Corrupción, destacó que el país se encuentra en el segundo lugar en América Latina con respecto a la cantidad de estafas relacionadas con las criptomonedas, con una cifra que alcanzó los 49 millones de dólares en el último año.
Además, se reveló que, de los 27.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas realizadas en el último año, 384 millones fueron ilícitos. Ante este escenario alarmante, Adrián Vega, miembro del Centro Cibernético Policial, subrayó la necesidad de cooperación internacional y un concepto homogéneo en el régimen tributario y penal de los países para combatir estos delitos.
Finalmente, hay indicios de que ciudadanos rusos podrían estar enviando fondos ilegales a Colombia mediante criptomonedas para lavar dinero. Este creciente problema no es exclusivo de Colombia, ya que, según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, 2022 fue el año con más lavado de dinero en criptomonedas hasta ahora, con 23.8 mil millones de dólares transferidos por direcciones ilícitas, un aumento del 68% con respecto a 2021. Este panorama pone de manifiesto la urgente necesidad de regulaciones más estrictas y cooperación internacional para luchar contra el cibercrimen asociado a las criptomonedas.
