El FBI ha emitido una advertencia urgente para los usuarios de criptomonedas, advirtiendo sobre un patrón creciente de “bufetes de abogados ficticios” que se presentan como especialistas en recuperación de activos digitales. Estos falsos despachos se dirigen a personas que ya han sido víctimas de estafas, ofreciendo recuperar sus fondos a cambio de pagos en criptomonedas o tarjetas de regalo. En casos documentados, estas supuestas firmas no solo no devuelven los fondos, sino que también extraen información personal sensible, exponiendo a las víctimas a un doble golpe económico y de privacidad.
El fenómeno no es aislado. El FBI informó que ha detectado múltiples operaciones fraudulentas desde agosto de 2023, con un repunte significativo en 2024 y 2025. Por ejemplo, un caso reciente involucró a una víctima que perdió 40.000 dólares en Bitcoin tras confiar en un supuesto abogado recomendado por redes sociales. El estafador exigió el pago anticipado en criptomonedas y, tras recibirlo, cortó toda comunicación. Este tipo de engaños aprovecha la desesperación de los afectados, quienes, en muchos casos, ya han agotado vías legítimas para intentar recuperar su inversión.
Las cifras respaldan la magnitud del problema: según datos de CertiK, en el primer semestre de 2025 se han perdido alrededor de 2.500 millones de dólares en activos digitales por hackeos, exploits y estafas. Aunque algunos exchanges han logrado devolver parte de los fondos robados, la mayoría de las víctimas queda desprotegida. Esto abre la puerta a nuevos fraudes bajo la fachada de ayuda legal. El FBI aconseja desconfiar de cualquier oferta no solicitada y evitar transferencias en criptomonedas o tarjetas prepago como forma de pago por servicios legales.
En paralelo, el FBI continúa su labor en la recuperación de activos digitales incautados. En abril, la oficina de Dallas confiscó 2,4 millones de dólares en Bitcoin vinculados a un grupo de hackers, y en julio presentó una demanda para formalizar la reclamación. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los activos recuperados, una vez indemnizadas las víctimas, pasarán a formar parte de la reserva nacional de Bitcoin, reforzando la seguridad financiera del país. Este uso estratégico de las incautaciones refleja un interés creciente del gobierno en acumular reservas de criptoactivos.
Sin embargo, el panorama sigue siendo preocupante. Además de las estafas digitales, se han registrado casos extremos de secuestro para extorsionar criptomonedas, como advierte Alena Vranova, fundadora de SatoshiLabs, quien estima que semanalmente un inversor de Bitcoin es víctima de un ataque de este tipo en alguna parte del mundo. Esto demuestra que la seguridad de los activos digitales no solo depende de contraseñas y billeteras frías, sino también de medidas físicas y de vigilancia personal para evitar ser blanco de amenazas cada vez más sofisticadas.
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