El Gobierno del Reino Unido ha refutado una propuesta del Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes para regular el trading minorista de criptomonedas de la misma manera que supervisa los juegos de azar. La propuesta, introducida en un informe del 17 de mayo, sugería que las criptomonedas deberían ser tratadas como juegos de azar, basándose en la premisa de «mismo riesgo, mismo resultado regulatorio». Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por el Secretario Económico del Tesoro, Andrew Griffith, quien insiste en que el Gobierno se opone firmemente a dicha postura.
Griffith sostuvo que los criptoactivos no deben ser regulados como juegos de azar, sino como un servicio financiero. En el Reino Unido, todas las formas de juego están sujetas a la Ley del Juego de 2005, que tiene como objetivo mitigar la adicción al juego y establecer medidas contra el blanqueo de dinero. Al aplicar estas regulaciones a las criptomonedas, podría haber un contrasentido con las recomendaciones a nivel mundial establecidas por diversas organizaciones y entidades normalizadoras.
El Gobierno británico teme que este enfoque pueda crear confusiones y solapamientos entre los reguladores financieros y la Comisión del Juego. En lugar de asimilar las criptomonedas a los juegos de azar, el Gobierno enfatiza la importancia de trabajar hacia una regulación que sea coherente con las expectativas y normas internacionales para estos activos digitales.
Además, el Gobierno ya está trabajando en la regulación del mercado de criptomonedas. Una propuesta de legislación reguladora ya fue presentada y debatida en el Parlamento el mes pasado. El Gobierno británico, junto con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), está comprometido a trabajar con el sector de las criptomonedas para garantizar que las empresas estén plenamente conscientes de las normas necesarias para su aprobación.
Se espera que la nueva legislación para regular las criptomonedas en el Reino Unido pueda entrar en vigor a finales de 2023. Este marco regulatorio será esencial para establecer claridad y seguridad para las empresas que operan en este sector, un paso crítico para la legitimidad y el desarrollo futuro de la industria de las criptomonedas en el país.