El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, expresó dudas fundadas sobre la aprobación de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY) durante el trimestre en curso, en una entrevista con Scott Melker. Su análisis se apoya en la dinámica política de EE. UU., donde las elecciones de medio mandato podrían alterar el equilibrio legislativo. Hoskinson advierte que el calendario es crítico: si el proyecto se retrasa, la ventana de consenso bipartidista podría cerrarse. El beneficio potencial de CLARITY es la certidumbre regulatoria; el riesgo, una parálisis prolongada que frene inversión e innovación.
Hoskinson fue más allá al pedir la renuncia de David Sacks, asesor cripto del presidente Donald Trump, a quien responsabiliza por un desempeño deficiente desde finales de 2024. Argumenta que, bajo su gestión, el mercado registró caídas generalizadas del 40% al 50%, reflejando una industria debilitada. Si bien los precios no dependen solo de la política, Hoskinson sostiene que la falta de coordinación regulatoria y señales contradictorias agravaron la volatilidad. Como contrapunto, defensores de Sacks señalan avances institucionales; sin embargo, el balance sigue siendo objeto de debate.
La Ley CLARITY, presentada en mayo de 2025, ya superó comisiones clave de la Cámara con apoyo bipartidista y busca delimitar competencias entre la SEC y la CFTC, además de clasificar tipos de tokens. Este diseño promete reducir conflictos jurisdiccionales y litigios costosos. No obstante, críticos advierten que una definición rígida podría dejar fuera innovaciones emergentes. La votación en comisiones del Senado representa un hito: aprobarla daría previsibilidad; rechazarla mantendría la incertidumbre que hoy desalienta a startups y desarrolladores.
Hoskinson también cuestionó la Ley GENIUS sobre stablecoins, al considerar que favorece a grandes instituciones como BlackRock y Goldman Sachs, centralizando el ecosistema. El argumento pro es la estabilidad sistémica y el cumplimiento; el contra, la concentración de poder y barreras para emisores más pequeños. Desde su óptica, el diseño podría desplazar a inversores minoristas y limitar la competencia. Este señalamiento reabre el debate entre seguridad financiera y apertura, un equilibrio delicado en un sector que nació descentralizado.
Hoskinson rechazó la idea de “criptomonedas nacionales”, subrayando que los protocolos deben ser globales y neutrales, aunque existan empresas locales. Advirtió que politizar activos digitales —incluidas memecoins asociadas a figuras públicas— distorsiona incentivos y credibilidad. Su propuesta es avanzar con cautela: diálogo entre industria y gobierno, normas duraderas y no partidistas. El beneficio sería un marco estable; el costo, más tiempo legislativo. Para Hoskinson, la prisa puede sacrificar innovación y confianza a largo plazo.
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