Los recientes llamados de los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed para investigar a World Liberty Financial (WLFI), la plataforma cripto respaldada por Donald Trump y su familia, han reactivado el debate sobre los riesgos regulatorios en el sector digital. Ambos legisladores enviaron una carta formal al Departamento de Justicia y al Tesoro argumentando que WLFI podría representar vulnerabilidades de seguridad nacional. El comunicado cita datos que, según los senadores, muestran patrones de actividad que ameritan una revisión exhaustiva, especialmente por las posibles fallas en mecanismos de cumplimiento normativo.
Los legisladores sustentan su solicitud en un análisis publicado en septiembre de 2025 por Accountable.US, organización que revisó transacciones vinculadas a las ventas de tokens de gobernanza de WLFI. De acuerdo con sus hallazgos, múltiples tokens habrían sido adquiridos por billeteras asociadas previamente con individuos o entidades sancionadas por Estados Unidos. Un ejemplo detallado menciona a un comerciante cuya dirección realizó repetidas operaciones con una billetera posteriormente enlazada al Grupo Lazarus, colectivo norcoreano sancionado por ataques cibernéticos. Estos datos, señalan, exponen brechas que requieren atención inmediata de las autoridades.
El informe también menciona transacciones conectadas con el principal intercambio de activos digitales de Irán, instrumentos financieros sancionados en Rusia y direcciones involucradas con el mezclador Tornado Cash. Los senadores subrayan que WLFI habría colocado en la lista negra 272 direcciones en septiembre, acción que consideran insuficiente para demostrar controles sólidos. En su carta, señalan que estas interacciones podrían permitir a actores de alto riesgo participar en la gobernanza de la plataforma, ejercer influencia indebida o incluso lavar fondos mediante estructuras descentralizadas que no cuentan con supervisión robusta.
Además, Warren y Reed expresan preocupación por la posibilidad de que una entidad vinculada a la familia Trump reciba una porción sustancial de los ingresos generados por la venta de tokens de gobernanza. A su juicio, esto elevaría el riesgo de que participantes con conexiones cuestionables accedan a decisiones estratégicas dentro de la plataforma. Solicitaron a las agencias federales detallar antes del 1 de diciembre cualquier acción en curso o planificada, advirtiendo que una supervisión deficiente podría amplificar actividades ilícitas. Hasta el momento, ni WLFI ni representantes del expresidente han respondido públicamente.
La postura de la senadora Warren no toma por sorpresa a quienes siguen su trayectoria legislativa. Desde hace años, ha catalogado a los activos digitales como amenazas potenciales para consumidores y la seguridad nacional, enfatizando riesgos relacionados con sanciones, financiamiento ilícito y prácticas abusivas. Sus detractores, en contraste, consideran que su enfoque es excesivamente rígido e influenciado por intereses tradicionales del sector bancario. Argumentan que su narrativa del “ejército anti-cripto” ignora los avances tecnológicos y el potencial económico del ecosistema. Esta nueva solicitud de investigación refleja, una vez más, su rol como una de las voces más influyentes en los esfuerzos por reforzar la regulación del mercado cripto en Estados Unidos.
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