La Ley Anti-Vigilancia del Estado CBDC, presentada en febrero por el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de EE. UU., Tom Emmer, ha ganado un apoyo significativo entre los legisladores. La legislación busca prohibir que la Reserva Federal emita una moneda digital de banco central (CBDC) directamente a los ciudadanos y utilizar la tecnología para dar forma a la política monetaria. Además, exige una mayor supervisión del banco central de EE. UU. en el estudio o pilotaje de un dólar digital.
Las CBDC son activos digitales paralelos a las stablecoins, que están vinculadas al precio de una moneda soberana. Sin embargo, a diferencia de las stablecoins, las CBDC son emitidas y mantenidas por gobiernos o bancos centrales. Aunque algunos consideran que las CBDC son una evolución natural del efectivo que podría impulsar una mayor inclusión financiera, otros, como Emmer, las critican como una herramienta de vigilancia propensa a abusos de poder.
Los críticos de las CBDC, incluido Emmer, argumentan que permitirían al gobierno monitorear transacciones y hábitos de gasto, erosionando los derechos de privacidad. La Reserva Federal ha asegurado que no emitirá una CBDC dirigida al consumidor sin la aprobación del Congreso. No obstante, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado que una CBDC para instituciones financieras es diferente.
Emmer defiende que una CBDC debería apegarse a los ideales dentro del espacio Web3 y parecerse a las stablecoins, si es posible. Afirma que si se pudiera crear una simulación de efectivo abierta, sin permiso y privada, todos deberían estar dispuestos a escuchar lo que propone el gobierno central. Pero si no es posible, argumenta Emmer, no deberían dedicarse a crear una moneda digital de banco central.
El crecimiento del apoyo a la Ley Anti-Vigilancia del Estado CBDC destaca la importancia de proteger la privacidad financiera y evitar potenciales abusos de poder en el desarrollo de nuevas tecnologías monetarias. La evolución de las CBDC debe tener en cuenta las preocupaciones de privacidad y garantizar que no socaven los derechos fundamentales de los ciudadanos.
