El avance de las finanzas descentralizadas (DeFi) está en la mira del Departamento de Justicia de EE.UU., lo que ha encendido las alarmas en la comunidad cripto. La aplicación de la Sección 1960 , que regula a los transmisores de dinero, podría exponer a los desarrolladores de proyectos DeFi a riesgos legales sin precedentes. Organizaciones como el Fondo Educativo DeFi advierten que responsabilizar a los creadores de software por el uso indebido de sus protocolos es tan absurdo como culpar a un fabricante de automóviles por infracciones de tránsito de los conductores . Esta postura resalta la necesidad de redefinir la noción de custodia y control en los activos digitales.
Los críticos de esta medida argumentan que los desarrolladores de DeFi crean herramientas neutrales , sin intervenir en cómo los usuarios las operan. Ejemplos como Uniswap , un exchange descentralizado sin custodia, reflejan este problema. Si un usuario decide utilizar el protocolo para transacciones ilícitas, ¿debería ser Uniswap responsable? Bajo este criterio legal, cualquier innovador que desarrolle una tecnología de código abierto podría ser penalizado , generando un efecto paralizante sobre la industria. Esta incertidumbre podría frenar el desarrollo de nuevas soluciones y expulsar a los desarrolladores hacia jurisdicciones más amigables con la innovación.
Uno de los puntos más críticos de este debate es la diferencia entre desarrollar software y controlar fondos criptográficos . Mientras que una empresa como Coinbase tiene custodia sobre los activos de sus clientes, los protocolos descentralizados operan sin intermediarios. Sin una distinción clara, las leyes podrían castigar a los desarrolladores por actividades que no pueden prevenir ni controlar . En términos prácticos, esto equivaldría a sancionar a los creadores de Tor o Signal por el uso que algunas personas hacen de sus plataformas, ignorando el valor positivo de estas tecnologías en la privacidad y la libertad de expresión.
Sin embargo, la regulación también tiene su lado positivo. La falta de claridad legal ha permitido que algunos proyectos fraudulentos florezcan, estafando a inversores desprevenidos. Un marco regulatorio bien diseñado podría aportar mayor seguridad jurídica sin sofocar la innovación. Casos como el de Tornado Cash , sancionado por su uso en lavado de dinero, muestran la delgada línea entre la privacidad financiera y el cumplimiento normativo. El desafío está en encontrar un equilibrio entre supervisión y descentralización , sin imponer restricciones desproporcionadas a los desarrolladores.
El futuro de DeFi en EE.UU. Dependerá de cómo se abordarán estas cuestiones en 2025. La comunidad cripto exige una revisión de la Sección 1960 , que establezca criterios claros sobre qué significa realmente «custodia» y «control» en las transacciones digitales. Sin definiciones precisas, la ley podría acabar penalizando la innovación y la descentralización , pilares fundamentales del ecosistema blockchain. En este contexto, es crucial que los desarrolladores, reguladores y legisladores trabajen juntos para garantizar que la regulación no termine asfixiando el potencial transformador de las finanzas descentralizadas .
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