El reciente fallo en el caso de Ripple y su token XRP ha provocado una ola de reacciones dentro del espacio de criptomonedas. El abogado John Deaton, fundador de Crypto Law, argumenta que el dictamen de la jueza Analisa Torres representa una base legal firme, al menos durante los próximos dos años. Esta decisión, que declara que XRP «no es necesariamente un valor en sí mismo», excepto en los casos en que se vendió a instituciones para recaudar fondos, marca un giro crucial en la batalla legal de Ripple con la SEC que se inició en 2020.
La SEC acusó a Ripple de recaudar $1.3 mil millones en ofertas de valores no registrados. A raíz de la decisión de Torres, el presidente de la SEC, Gary Gensler, expresó su decepción, apuntando a las amplias implicaciones que podrían surgir para otros tokens bajo presión regulatoria. El fallo de Torres establece un precedente intrigante que potencialmente podría dificultar los esfuerzos de la SEC para regular la venta de ciertos tipos de tokens.
En respuesta al descontento de la SEC, Deaton señala que cualquier apelación por parte de la agencia tardaría considerablemente en avanzar a través del sistema judicial. Mientras tanto, la decisión de Torres, que sostiene que las ventas programáticas de XRP no cumplen con el Test de Howey, permanecerá vigente. El Test de Howey es un método estándar para determinar si la venta de un activo representa un contrato de inversión.
En términos prácticos, este fallo sugiere que los compradores de XRP no estaban necesariamente invirtiendo en los esfuerzos empresariales de Ripple. Más bien, Torres sostiene que cualquier expectativa de beneficio no estaba vinculada a los esfuerzos de Ripple. Este aspecto del fallo desafía directamente la base de la acusación de la SEC y, si se sostiene, podría cambiar la forma en que se regulan las ventas de criptomonedas en los EE. UU.
El último punto a considerar es el desafío que representa la decisión para la SEC, especialmente en lo que respecta a la aplicación del Test de Howey. Según Deaton, aunque la SEC pudiera desafiar con éxito la interpretación de la prueba en términos de «expectativa de beneficios», aún tendría dificultades para demostrar la existencia de una «empresa común». El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, y Stuart Alderoty, director jurídico principal de Ripple, han criticado abiertamente a la SEC, argumentando que la agencia está excediendo su jurisdicción y dañando el desarrollo del sector de las criptomonedas.
