La condena del exdirector financiero Nevin Shetty por fraude electrónico pone de relieve los riesgos asociados al manejo de fondos corporativos en el emergente ecosistema de activos digitales. Un tribunal federal en Seattle lo sentenció a dos años de prisión tras comprobarse que desvió cerca de 35 millones de dólares de la startup donde trabajaba. De acuerdo con Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ejecutivo transfirió los fondos en 2022 a una plataforma de criptomonedas bajo su control llamada HighTower Treasury, creada como actividad paralela sin conocimiento de los directivos ni del consejo de la empresa.

La operación se ejecutó mediante transferencias internas que pasaron desapercibidas durante un periodo inicial. Los fiscales sostienen que Shetty aprovechó su posición como responsable financiero para mover capital corporativo hacia cuentas externas vinculadas a su propia plataforma. Posteriormente, los recursos fueron destinados a estrategias de préstamos dentro del sector de Finanzas Descentralizadas, donde diversos protocolos prometían rendimientos anuales superiores al 20 %. Este tipo de ofertas, comunes durante el auge del mercado cripto en 2021 y principios de 2022, atrajo a numerosos inversionistas institucionales y particulares.

En un primer momento, las inversiones generaron resultados aparentemente positivos. Los documentos judiciales indican que el portafolio produjo alrededor de 133 000 dólares en su primer mes, lo que pudo reforzar la percepción de viabilidad del esquema. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente tras el colapso del ecosistema Terra (LUNA) en mayo de 2022, evento que provocó una caída generalizada en los mercados de criptomonedas y una rápida contracción de liquidez en múltiples protocolos de préstamos descentralizados. En pocas semanas, el valor de las inversiones se redujo prácticamente a cero.

Cuando las pérdidas ya eran inevitables, Shetty informó internamente sobre las transferencias realizadas. Según el expediente del caso, notificó a dos ejecutivos después de que los fondos se hubieran evaporado casi por completo. La empresa reaccionó de inmediato con su despido y la posterior denuncia a las autoridades federales. Para los investigadores, el caso ilustra cómo la combinación de control financiero centralizado y supervisión insuficiente puede facilitar transferencias no autorizadas, especialmente cuando se trata de operaciones vinculadas a plataformas digitales y mercados altamente volátiles.

El proceso judicial concluyó en noviembre de 2025, cuando un jurado federal lo declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico tras un juicio de nueve días. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la restitución del dinero y tres años de libertad supervisada. El caso se produce en un contexto de mayor escrutinio regulatorio tras escándalos como el colapso de FTX y la condena de su fundador Sam Bankman-Fried, reforzando el debate sobre la necesidad de controles corporativos más estrictos en la intersección entre finanzas tradicionales y criptomonedas.

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Transferencia ilícita de 35 millones expone riesgos de gobernanza en inversiones cripto corporativas

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