El acuerdo sobre el techo de la deuda en Estados Unidos entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha generado controversia debido a su impacto en la industria de la minería de criptomonedas. Una parte significativa del acuerdo parece haber bloqueado el impuesto al consumo de energía de minería de activos digitales (DAME), propuesto por la administración Biden. Este impuesto impondría un gravamen del 30% a las empresas mineras de criptomonedas, argumentando que era necesario para abordar los problemas ambientales y sociales asociados con la minería. Sin embargo, el hecho de que no se mencione específicamente la minería de Bitcoin en el proyecto de ley ha llevado a preguntas sobre el futuro de este impuesto.
El acuerdo sobre el techo de la deuda se presenta en forma de un proyecto de ley completo de 99 páginas que busca suspender el límite de la deuda hasta 2025, evitando así un incumplimiento federal y estableciendo restricciones al gasto gubernamental. La propuesta de impuesto energético se planteó inicialmente en marzo de este año y habría sido aplicable tanto a mineros de redes de Prueba de Trabajo (PoW) como Bitcoin, como a mineros de redes de Prueba de Participación (PoS) como Ethereum. Sin embargo, las diferencias en los niveles de consumo de energía entre estas redes han sido objeto de debate.
La propuesta requería que los mineros de activos digitales divulgaran información detallada sobre su consumo de energía, incluida la cantidad de electricidad utilizada y su fuente, así como el valor correspondiente. También se esperaba que incluyeran la generación de energía fuera de la red, como el uso de gas natural que de otra manera se desperdiciaría. La administración Biden defendió esta medida argumentando que era en beneficio de las comunidades y el medio ambiente.
No obstante, la propuesta ha enfrentado críticas de los defensores de las criptomonedas, quienes la ven como una forma de supresión y control por parte de las estructuras de poder. Algunos argumentan que la minería de Bitcoin no consume más energía que otras actividades, como los videojuegos, y que el enfoque en su impacto ambiental es selectivo. Además, se ha destacado que una próspera industria minera de Bitcoin tiene implicaciones tanto para la seguridad nacional como para la seguridad energética.
A pesar de la oposición, el acuerdo alcanzado sugiere que el impuesto energético propuesto no se llevará a cabo. La senadora Cynthia Lummis expresó su convicción de que no se implementará y alentó a los entusiastas de Bitcoin a unirse a grupos de defensa de la criptomoneda. La industria de la minería de criptomonedas sigue en la mira, pero la exclusión de este impuesto específico es considerada una victoria para aquellos que apoyan la libertad y el desarrollo de la criptografía.
