El reciente cierre de las cuentas personales y familiares del director ejecutivo de Strike, Jack Mallers, por parte de JPMorgan, ha encendido nuevamente el debate sobre la desbancarización del sector cripto en Estados Unidos. La entidad justificó la medida citando “actividad preocupante”, un argumento similar al utilizado en casos anteriores que involucraron proyectos digitales. Este tipo de decisiones ha generado inquietud entre analistas que observan cómo instituciones financieras tradicionales adoptan posturas más rígidas hacia empresas vinculadas al ecosistema blockchain, lo que podría impactar negativamente en la competitividad del país.
La senadora Cynthia Lummis, figura destacada en la defensa legislativa de los criptoactivos, criticó abiertamente la medida al considerar que este tipo de restricciones fomenta que la innovación migre al extranjero. Señaló que decisiones así debilitan la confianza en el sistema bancario estadounidense, especialmente cuando afectan a actores relevantes del sector como Mallers. Un ejemplo de esta tensión ocurrió en 2023, cuando varias plataformas cripto enfrentaron obstáculos bancarios que las obligaron a transferir operaciones a jurisdicciones más receptivas.
Jack Mallers compartió públicamente lo sucedido, asegurando que el banco no ofreció explicaciones claras y que la decisión fue comunicada de manera abrupta. Su caso recuerda a episodios similares vividos por exchanges pequeños que, tras auditorías inesperadas, vieron cerrados sus canales fiduciarios sin procesos transparentes. Este tipo de acciones afecta la operatividad diaria de empresas centradas en pagos digitales, como Strike, que dependen de integraciones bancarias para ofrecer servicios accesibles y competitivos.
La industria cripto reaccionó con preocupación. Paolo Ardoino, CEO de Tether, afirmó que Bitcoin ha demostrado resistencia ante intentos de limitar su crecimiento, señalando como ejemplo los episodios de presión regulatoria en Europa y Asia que no impidieron el avance del activo. Sin embargo, líderes del sector consideran que medidas bancarias como esta sí pueden reducir temporalmente la liquidez de activos como BTC y ETH, provocando movimientos de capital hacia mercados internacionales más flexibles y generando aumentos puntuales en la volatilidad.
Este caso revive la memoria de acciones pasadas conocidas como “Operación Chokepoint 2.0”, una serie de medidas regulatorias que presionaron a empresas cripto a operar fuera de Estados Unidos, afectando volúmenes de negociación y creando obstáculos para startups emergentes. La senadora Lummis, quien ha impulsado legislación como el Proyecto de Ley Senatorial 954 del 119.º Congreso, busca evitar que episodios como este continúen frenando el desarrollo local. Su postura destaca la necesidad de un marco regulatorio equilibrado que permita proteger al sistema financiero sin limitar la expansión de nuevos modelos tecnológicos.
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