El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó en una entrevista con CNBC que la aprobación de la ley Clarity podría ofrecer un respiro al mercado de bitcoin, actualmente inmerso en una corrección profunda. El funcionario comparó el ajuste reciente con ciclos anteriores, donde retrocesos superiores al 50% precedieron largos periodos de reconstrucción del precio. Como ejemplo, gestores de fondos especializados han reducido exposición a corto plazo, mientras mantienen posiciones estratégicas, anticipando que un marco legal definido disminuya riesgos operativos, mejore la custodia institucional y reduzca incertidumbre regulatoria para nuevos participantes.
La urgencia política se explica por el calendario legislativo y por el interés del gobierno de Donald Trump en mostrar avances concretos antes de las elecciones de medio término. Para la administración, la aprobación de Clarity podría facilitar la llegada de capital institucional, hoy limitado por la ambigüedad regulatoria. Por ejemplo, aseguradoras y fondos de pensiones exigen reglas claras sobre clasificación de activos y obligaciones de reporte. El beneficio principal sería mayor liquidez y transparencia; el riesgo, una sobrerregulación inicial que incremente costos de cumplimiento para startups. El equilibrio entre control y fomento a la innovación será determinante para la competitividad del sector.
Desde el máximo histórico de 126.000 dólares alcanzado en octubre de 2025, bitcoin se ha ajustado hasta la zona de 67.000 dólares, un retroceso cercano al 43%. Pese a ello, el precio ha mostrado lateralización en semanas recientes, señal típica de consolidación previa a movimientos relevantes. Según Bessent, parte de la volatilidad responde a discrepancias legislativas y a empresas del sector que prefieren la ausencia de normas. Incluso llegó a sugerir que quienes rechazan la regulación podrían trasladarse a El Salvador.
El principal foco de fricción entre banca tradicional y empresas cripto gira en torno a las stablecoins y a la posibilidad de que estas ofrezcan rendimientos a los usuarios. Las asociaciones bancarias advierten que podrían perderse hasta 6 billones de dólares en depósitos, cerca del 30% del total comercial, debilitando la capacidad crediticia. En contraste, las firmas tecnológicas sostienen que esos incentivos fomentarían competencia y eficiencia. Ante este choque de intereses, la Casa Blanca ha albergado reuniones técnicas para armonizar posturas. El beneficio sería una arquitectura financiera más moderna; el riesgo, desintermediación acelerada sin salvaguardas.
Bessent también advirtió que, si la ley Clarity no prospera y la correlación de fuerzas cambia en el Congreso, las posibilidades de consenso se reducirían de forma drástica. A su juicio, durante la administración de Joe Biden el sector enfrentó una política restrictiva que limitó la innovación. Aunque esta lectura es debatida, refleja el temor de los inversionistas a un entorno hostil. El escenario negativo implicaría prolongar la incertidumbre, retrasar productos regulados y frenar inversiones en infraestructura. El escenario favorable, en cambio, consolidaría reglas claras para un mercado más estable y supervisado.
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