La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha lanzado una contundente advertencia al Congreso de los EE. UU. sobre los riesgos inminentes en torno a la regulación de las stablecoins. En una carta fechada el 30 de junio, James subrayó que tanto la Ley STABLE como la Ley GENIUS carecen de los escudos regulatorios necesarios para salvaguardar a los inversionistas y evitar una crisis financiera sistémica. Señaló que tratar a los emisores como entidades no bancarias podría dejar vulnerables los fondos de los usuarios y debilitar los estándares actuales del sistema financiero.
James propone que los emisores de stablecoins sean tratados como bancos, lo que implicaría estar bajo la estricta supervisión de la Reserva Federal. Esto incluiría exigencias como estándares de capital y liquidez, auditorías obligatorias, y acceso a la ventana de descuento de la Fed. Por ejemplo, si una stablecoin colapsara sin esas protecciones, los usuarios perderían acceso inmediato a sus fondos, generando pánico y desconfianza en el sistema cripto. Esta propuesta busca ofrecer garantías similares a las que existen en instituciones financieras tradicionales.
Además, James aboga por que las stablecoins que ofrecen rendimientos se regulen como valores, bajo la vigilancia de la SEC. Esto cerraría brechas regulatorias que actualmente permiten que ciertas empresas operen sin supervisión clara. También propuso que se implementen credenciales de identidad digital para titulares de billeteras, reforzando las políticas de «Conozca a su cliente» (KYC) y de lucha contra el lavado de dinero. Esta medida ayudaría a frenar actividades ilícitas, aunque podría generar resistencia por parte de defensores de la privacidad.
Por otro lado, James advierte que la actual dualidad en los proyectos de ley (GENIUS y STABLE) puede generar confusión. Mientras la Ley GENIUS plantea una supervisión dual estatal y federal, la Ley STABLE propone requisitos más estrictos para las stablecoins algorítmicas. Esta falta de un marco único podría alentar la «regulación por jurisdicción», donde empresas busquen operar en estados con reglas más laxas, debilitando los esfuerzos de protección al consumidor a nivel nacional.
Finalmente, James propuso que los emisores que no sean bancos cumplan con la Ley de Reinversión Comunitaria para evitar vacíos en zonas desatendidas. También exigió que se respete la autoridad de los estados para aplicar sanciones, subrayando que sin consecuencias claras las violaciones seguirán ocurriendo. Su mensaje al Congreso es claro: se necesita una legislación sólida, integral y centrada en la protección del sistema financiero antes de que las stablecoins evolucionen sin control.
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