La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha generado una tormenta regulatoria tras emitir una nueva guía sobre el staking de criptomonedas. Según esta, algunas ofertas de staking podrían no considerarse valores, lo que dejaría fuera de ciertos requisitos legales a las blockchains de prueba de participación. Sin embargo, esta nueva postura choca frontalmente con fallos judiciales anteriores, como los casos contra Binance y Coinbase, donde se determinó que esos productos sí calificaban como valores. Esta discrepancia ha desencadenado una ola de críticas por parte de exfuncionarios de la SEC y miembros actuales del organismo.
John Reed Stark, exjefe de Control de Internet de la SEC, calificó la decisión como una «vergonzosa abdicación» del mandato de proteger a los inversores. Su preocupación radica en la aparente inconsistencia entre la postura legal de la agencia y su aplicación práctica. Por ejemplo, mientras el tribunal desestimó el caso de Binance en 2025, lo hizo con perjuicio, impidiendo futuras acciones similares, lo que puede interpretarse como una retirada táctica de la SEC. Estas señales mixtas, según Stark, socavan la credibilidad del regulador y dejan al mercado en un limbo legal.
La comisionada Caroline Crenshaw también alzó la voz, advirtiendo que la guía del 29 de mayo se aleja del precedente jurídico establecido por la prueba de Howey. En su declaración, criticó el enfoque actual como una estrategia de “fingir hasta conseguirlo”, acusando a la agencia de anticipar cambios normativos en lugar de respetar la legislación vigente. Esta desconexión entre teoría y práctica legal pone en duda la seguridad jurídica para las empresas cripto que buscan operar bajo reglas claras y coherentes.
Por otro lado, la comisionada Hester Peirce ofreció un matiz interesante al reconocer que la clave no está en el activo en sí, sino en el contexto de la transacción. Según Peirce, el hecho de que un token como ETH o SOL no sea un valor, no impide que pueda usarse en operaciones que sí lo sean. Este enfoque más matizado abre la puerta a interpretaciones contractuales más específicas, pero también refuerza la necesidad urgente de una normativa clara que elimine las zonas grises del ecosistema cripto.
Entre los beneficios de esta nueva orientación se encuentra el intento de la SEC por abrir el diálogo con la industria, reflejado en mesas redondas y cierres de investigaciones. No obstante, el mayor riesgo radica en la incertidumbre. Mientras algunos interpretan estas acciones como señales de avance hacia una regulación más flexible, otros lo ven como un colapso institucional. En un sector tan dinámico como el de los activos digitales, la claridad normativa no es solo una necesidad técnica, sino la base de la confianza del mercado.
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