Donald Trump está preparando una orden ejecutiva que podría transformar la relación entre bancos, reguladores y sectores políticamente sensibles como las criptomonedas. La iniciativa buscaría sancionar a instituciones financieras que cierren cuentas basadas en motivos ideológicos, religiosos o por operar en industrias legales pero consideradas riesgosas. Entre los afectados estarían ejecutivos cripto y figuras conservadoras. Esta medida surge en respuesta a acusaciones de que los reguladores, bajo la administración Biden, impulsaron prácticas discriminatorias disfrazadas de gestión de riesgos, reavivando el debate sobre la neutralidad financiera en EE.UU.
La medida responde a preocupaciones crecientes de figuras influyentes como Marc Andreessen, quien denunció que al menos 30 fundadores de startups fueron desbancarizados sin razones claras, en lo que denominó “Operación Chokepoint 2.0”. El propio Trump afirma haber sido víctima de esta práctica, incluso por bancos como JPMorgan Chase. Aunque esta entidad niega cerrar cuentas por motivos políticos, reconoció la necesidad de una revisión regulatoria, enviando señales de apertura al diálogo con la futura administración si Trump regresa al poder.
Uno de los puntos clave del borrador de esta orden ejecutiva es obligar a los reguladores a investigar posibles violaciones a leyes como la de Igualdad de Oportunidades de Crédito, las normas antimonopolio y las protecciones al consumidor. Las sanciones por incumplimientos podrían incluir fuertes multas e incluso restricciones operativas. Este cambio de enfoque busca frenar la práctica de aplicar el concepto de “riesgo reputacional” como excusa para negar servicios bancarios, una táctica usada especialmente contra empresas cripto durante la administración Biden.
Históricamente, los reguladores bancarios han tenido margen para alertar sobre sectores riesgosos, sin dictar explícitamente con quién los bancos deben o no hacer negocios. Sin embargo, este margen ha permitido maniobras como la original «Operación Chokepoint», iniciada bajo la era Obama, que enfocó la supervisión en industrias legales pero polémicas, como los préstamos de día de pago. Para los republicanos, esta operación marcó el inicio de un patrón de abuso regulatorio disfrazado de prudencia financiera, aunque algunos expertos la consideran más mito político que realidad demostrable.
En el caso de las criptomonedas, la relación con los reguladores ha sido particularmente tensa. Las medidas de la SEC y los comentarios de agencias sobre su posible uso en actividades ilícitas han generado un entorno hostil para esta industria. La caída de Silvergate y Signature Bank, ambos vinculados al ecosistema cripto, fortaleció los argumentos de los reguladores. Sin embargo, el nuevo enfoque propuesto por Trump busca proteger a los actores legales dentro del espacio cripto, separando la innovación financiera de la criminalización ideológica, abriendo un nuevo capítulo en la lucha por la neutralidad del sistema financiero estadounidense.
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