Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, se enfrenta a una posible orden de cesar sus operaciones en varios estados de EE. UU. debido a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Reguladores de Alabama, California, Illinois, entre otros, emitieron una advertencia a Coinbase tras las acusaciones de la SEC de que la plataforma ofrecía valores no registrados, violando las leyes federales.
El foco de las autoridades se ha centrado en el programa de recompensas de staking (participación o apuesta) que Coinbase ofrece a los inversores estadounidenses. Según los reguladores, la plataforma habría infringido las normas al ofrecer sus cuentas de recompensas sin un registro adecuado. En este sentido, la Comisión de Valores de Alabama (ASC) ha otorgado a Coinbase un plazo de 28 días para justificar por qué no deberían ordenarle que cese la venta de dichos valores no registrados.
El reto que enfrenta Coinbase radica en las características de estas cuentas de staking. Según la ASC, estas cuentas no están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ni por la Corporación de Protección de Inversores de Valores (SIPC), dejando a los inversores sin protección ante posibles pérdidas. Esta situación afectaría a más de 33.000 inversores solo en Alabama.
Este duro golpe a Coinbase se produce en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las criptomonedas. Justo unas horas antes del anuncio contra Coinbase, la SEC presentó una demanda contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. Además, otras plataformas como Kraken, Bittrex y Gemini también han enfrentado acciones similares, marcando un 2023 complicado para la industria de las criptomonedas.
Los desafíos que enfrenta Coinbase evidencian una tendencia de estricta regulación hacia las criptomonedas en Estados Unidos. La pregunta que queda es si Coinbase podrá abordar eficazmente las preocupaciones planteadas y demostrar que su programa de recompensas cumple con las leyes federales, garantizando así la confianza y seguridad de sus usuarios.
